Por Marcelo Ernesto Tovar Zanella
La caída del millonario
proyecto del Relleno Sanitario ha dejado una estela de caos en la
administración municipal, pues el tema ha alcanzado otro tipo de escenarios que
lo han convertido en una bola de nueve que amenaza con terminar en juicos de
responsabilidades en contra de varios funcionarios.
El conflicto ahora
enmarcado en el pago de los 2.4 millones de pesos por concepto de trabajos
preliminares en el terreno de Chantol, ha provocado una fricción entre
funcionarios y regidores, por la negativa de los primeros, a proporcionar
información.
Los regidores Cesar
González, Martha Magliano, Raúl Torres, Carlos Cervantes del PRI, Claudia
Rodríguez, Marco Guillen y Emma Montero del PVEM; Lilia del Carmen Lara y
Enrique Herrera Marroquín del PAN se han manifestado en contra de pagar una
cantidad tal elevada, incluso Ángela Pérez del PANAL se manifestó en contra del
pago, pero dada su cercanía con la línea ejecutiva municipal, queda la duda si
hubiera o no aprobado la cuenta pública.
Es más que evidente que 9
de los 15 integrantes de cabildo con derecho a voto (incluyendo al ausente
regidor Rafael Torres del PAN), tienen una postura en contra de pagar los
trabajos realizados por Promotora de Proyectos y Edificaciones Chávez.
Las discordancias como la
fecha de inicio de obra que según el subdirector técnico de CODESOL, Arturo Velarde Martínez inicio del 4 de
octubre al 31 de diciembre, difiere de la carta de inicio de obra tiene fecha
del 30 de noviembre de 2010. El caso de las estimaciones del trabajo realizado,
existen tres cantidades en el informe que suman 1 millón 600 mil pesos, muy por
debajo de la suma de los 2.4 millones; lo que ha provocado la desconfianza de
los regidores
La postura de los regidores
y sindico se centró en la ilegalidad del pago por tratarse de trabajos
autorizados adelantadamente y sin contar aun con el recurso, incluso el propio
ex coordinador de desarrollo social, Víctor Sierra Curiel dejó entre ver en una
entrevista el día 3 de mayo, que solo el alcalde en turno tiene la facultad
para autorizar que una empresa inicie los trabajos de una obra, sin que aun se
cuente con el recurso para esta.
El tema ha llegado hasta el
Congreso del Estado, la propia diputada local Ivett Salazar Torres señaló que
estudiará el caso, pues a simple vista el municipio ha violentado la ley al no
dar aviso a la Secretaria
de Ecología y Gestión Ambiental del inicio de la obra en los tiempos que marca
la ley y como quedo en marcado en el Convenio firmado en septiembre de 2010, en
donde el municipio debía entregar un informe 10 días antes del final del mes,
con los avances físico y financieros y sus debidos comprobantes de gastos, la
legisladora señaló que dadas las incontables inconsistencias detectadas desde
la aparición de la Secretaria de la Función Publica, podrían hacerse acreedores
a sanciones los funcionarios que resulten responsables.
El acta de la sesión
ordinaria de cabildo, el contrato con la empresa Edificaciones Chávez, las
posturas y explicaciones de la Tesorera Anel Coronado, Subdirector de CODESOL
Arturo Velarde y Contralor Eliseo Moreno sumado a los argumentos de los
regidores que se inconformaron en la sesión de cabildo, serán entregados en el
Tribunal de lo Contencioso Administrativo para solicitar su intervención y se determine
la legalidad o no del contrato.
Violaciones a la Ley de
Obra Pública y Servicios Relacionadas con la Misma, en el caso del Articulo 26
que se refiere a la licitación publica, los artículos 34 y35 fracción VI, que
contemplan la posibilidad de cancelación del contrato con la empresa por causas
no imputables al Gobierno; incluso se desobedeció las instrucciones sugeridas
por la Función Publica que desde Diciembre ordeno reponer el proceso de
licitación y rescindirle el contrato a Edificaciones Chávez.
El tema del juicio político
o juicio de responsabilidad en contra de funcionarios de primer nivel,
incluyendo la alcaldesa Socorro Herrera Orta esta cobrando relevancia por las
posibles ilegalidades y violaciones a la ley que se cometen por el pago de los
2.4 millones a una obra que nunca comenzó, con un dinero que nunca llegó, sin
la autorización de la SEGAM
y con el desacat a la orden de la
Secretaria de la Función Publica de suspender el contrato.
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