Por Marcelo Ernesto Tovar Zanella
La caída del millonario
proyecto del Relleno Sanitario ha dejado una estela de caos en la
administración municipal, el tema ha alcanzado otro tipo de escenarios que lo
han convertido en una bola de nueve que amenaza con terminar en juicios de
responsabilidades en contra de varios funcionarios.
La pasada sesión de cabildo
evidenció la fractura al interior del organismo, la cual se había venido
esperando tarde o temprano por las marcadas posturas de los integrantes del mismo
respecto al tema del Relleno Sanitario.
El conflicto ahora
enmarcado en el pago de los 2.4 millones de pesos por concepto de trabajos
preliminares en el terreno de Chantol, ha provocado una fricción entre funcionarios
y regidores, por la negativa de los primeros, a proporcionar información.
Durante la sesión ordinaria
del pasado viernes 22 de Julio, la cuenta pública del mes de Junio fue
rechazada por 7 de los 11 integrantes de cabildo con derecho a voto presentes
en ese momento. Los regidores Cesar González del PRI, Claudia Rodríguez y Emma
Montero del PVEM; Lilia del Carmen Lara del PAN votaron en contra, Martha
Magliano y Raúl Torres del PRI, prefirieron abstenerse de emitir un voto, sin
embargo se manifestaron en contra de aprobar una cuenta en donde el pago de los
2.4 millones ya venia incluido. El Sindico Enrique Herrera Marroquín, fue quien
inclino la balanza dando su voto a favor por institucionalidad partidista, pero
aclarando que también esta en contra del pago.
Aunque esa cuenta se aprobó
finalmente con los votos de la sindico Francisca Rangel, los regidores del PAN
Eduardo Martínez y Luís Ángel Contreras sumados al de la alcaldesa Socorro
Herrera, recibió días mas tarde el rechazo de los regidores que no asistieron a
la sesión, Carlos Cervantes del PRI y Marco Guillen del PVEM; incluso Ángela
Pérez del PANAL se manifestó en contra del pago, pero dada su cercanía con la
línea ejecutiva municipal, queda la duda si hubiera o no aprobado la cuenta
publica.
Es más que evidente que 9
de los 15 integrantes de cabildo con derecho a voto (incluyendo al ausente
regidor Rafael Torres del PAN), tienen una postura en contra de pagar los
trabajos realizados por Edificaciones Chávez.
Discordancias como la fecha
de inicio de obra que según el subdirector técnico de CODESOL, Arturo Velarde Martínez inicio del 4 de
octubre al 31 de diciembre, difiere de la carta de inicio de obra tiene fecha
del 30 de noviembre de 2010.
El caso de las estimaciones del
trabajo realizado, existen tres cantidades en el informe que suman 1 millón 600
mil pesos, muy por debajo de la suma de los 2.4 millones lo que ha provocado la
desconfianza de los regidores
Su alegato se centró en la
ilegalidad del pago por tratarse de trabajos autorizados adelantadamente,
incluso el propio ex coordinador de desarrollo social, Víctor Sierra Curiel
aseguró en una entrevista el dia 3 de mayo, que solo el alcalde en turno puede
autorizar que una empresa inicie los trabajos de una obra, sin que aun se cuente
con el recurso para esta.
En ese tenor, la propia
diputada local Ivett Salazar Torres señaló que estudiará el caso, pues a simple
vista el municipio ha violentado la ley al no dar aviso a la Secretaria de Ecología
y Gestión Ambiental del inicio de la obra en los tiempo que marca la ley, además
de que los regidores que se opusieron al millonario pago llevaran el acta de la
sesión ordinaria de cabildo, el contrato con la empresa Edificaciones Chávez y
la documentación que sea necesaria a otras instancias para solicitar su
intervención y se aclare la legalidad o no de dicho contrato.
Queda aclarar aun grandes
inconsistencias como la existencia de un convenio firmado en Julio de 2010, en
el que se especificaba que el 30 de cada mes el municipio debería entregar un
informe documentado y grafico con el avance del proyecto, el cual debería ser
entregado a tiempo para garantizar la llegada de las ministraciones que serian
paulatinas. Oficialmente el Ayuntamiento atribuyo la urgencia de no realizar
licitación, por la presión del tiempo y por que el convenio se firmo hasta
septiembre, según declaraciones de la propia alcaldesa en Mayo de 2011.
El tema del juicio político
o juicio de responsabilidad en contra de funcionarios de primer nivel,
incluyendo la alcaldesa Socorro Herrera Orta esta cobrando relevancia por las
posibles ilegalidades y violaciones a la ley que se cometen por el pago de los
2.4 millones a una obra que nunca comenzó, con un dinero que nunca llegó, sin
la autorización de la SEGAM
y con la orden de la
Secretaria de la Función Publica de suspender el contrato.
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