Primera Parte
Por Marcelo Ernesto Tovar Zanella
Las cárceles mexicanas en marzo de
2010, alcanzaron un sobrecupo promedio de 32%; y en donde 13 entidades
federativas se encuentran por encima de dicho porcentaje: las más afectadas son
el Distrito Federal, Estado de México, Jalisco, Sonora, Baja California, Puebla y Chiapas, esto de acuerdo con informes
preliminares de la
Secretaria de Seguridad Pública.
La saturación de los penales obedece a
que un gran porcentaje de los reclusos no han recibido sentencia, el nivel
alcanza el 41% de la población de internos. Esta sobrepoblación provoca un gran
deterioro de los espacios, las condiciones y el suministro de servicios básicos
como agua, comida, medicina y ropa en los centros penitenciarios. En muchas de
las veces a los internos no se les provee de cobijas, zapatos o ropa, más sin
embargo, se le cobra a los familiares por proveérselos, por mandarlos llamar o
por pasarles la comida.
No obstante el mantener a los internos
bajo custodia en los centros penitenciarios le cuesta al erario público cerca
de 130 pesos diarios, de acuerdo la investigación del Centro de Estudios
Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados (CESOP). Considerando que
alrededor de 93 mil 880 internos no han recibido sentencia, el costo al año
por mantenerlos en prisión asciende a los 4 mil 400 millones de pesos.
La ineficiencia del gasto en penales
para combatir la inseguridad está más que evidenciado, sobre todo por que la
mayoría de los recluidos fueron acusados por delitos menores y en donde muchos
de ellos no han sido declarados culpables. La reducción de tan sólo un 25% de
la prisión preventiva dejaría un ahorro de 1.1 mil millones de pesos anuales,
según el CESOP.
De acuerdo con los datos de Gobierno
Federal en el 2005 se gastaron en el sistema penitenciario 12.2 mil millones de
pesos que representaron tan sólo el 33% de los presupuestos federal y estatales
destinados a la seguridad pública. El Profesional Asociado del Centro de
Investigación para el Desarrollo (CIDAC), Guillermo
Zepeda Lecuona en su proyecto Seguridad Ciudadana y Justicia Penal en México,
determinó que de aplicar métodos alternos a los actuales procedimientos penales
se reduciría la saturación y el gasto en reclusorios.
La
presunción de inocencia
En 2004 surgió en conjunto con Open
Society Justice Initiative, Institución Renace, ABP, Instituto para la Seguridad y la Democracia , AC, y
Reintegra el Proyecto de Presunción de Inocencia en México. El cual trabaja con
la premia del uso razonable de la prisión preventiva, en donde se planteaban
alternativas como libertades aplicadas por un juez que determinaría si una persona
representaba o no un riesgo para la victima, la sociedad o el proceso y con lo
cual de resultar contrario lo anterior un juez podría otorgar libertad
restringida al implicado para poder así afrontar su caso fuera de un centro de
reclusión.
Ana García Aguilar, integrante del proyecto,
expresó que el abuso de la prisión preventiva genera grandes costos sociales y
económicos para el imputado, la familia y la sociedad. Destacó que una persona
sacada de la comunidad tiene afectaciones en su vida familiar y personal sin
contar los riesgos a la salud, pues señaló que los estudios revelan que los
reclusos están en riesgo de contraer tuberculosis, VIH o inclusive sufrir otras
afectaciones, como la estigmatización pues difícilmente se logra una
reinserción social satisfactoria.
García Aguilar recordó que con la Reforma Constitucional
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